Históricamente Colombia ha sido uno de los países más desiguales del mundo, lo que ha conllevado a consecuencias tales como el conflicto armado interno, una infraestructura deficiente y un gran porcentaje de población en condiciones de pobreza extrema.
En 2018, 67 mil personas fueron desplazadas a causa de la violencia y 145 mil por causa de fenómenos de origen natural. Además de esto se proyecta que 2,8 millones de venezolanos estarán en Colombia para 2020.
En 2020, el mundo ha afrontado la pandemia del covid-19 lo que ha forzado a nuestro país a tomar medidas de aislamiento en el hogar; esto agrava la problemática de las personas con trabajo informal (46% de la clase trabajadora del país) y habitantes de calle los cuales en las ciudades principales llegan alrededor de 28 mil.
El sistema de alojamiento temporal que se brinda a esta población vulnerable ante dichos sucesos es deficiente, no supliendo las necesidades básicas de vivienda como son el servicio de energía eléctrica, agua potable y tratamiento de aguas residuales por lo tanto las comunidades afectadas se ven forzadas a desplazarse hacia las grandes ciudades en busca de una vida digna: estas ciudades no se encuentran preparadas para recibir dicha cantidad de personas, por lo tanto fácilmente caen en la marginalidad, provocando un aumento de los índices de inseguridad, problemas de salud pública e invasión al espacio público. Toda esta problemática social culmina en una segregación a dicha población lo cual impide su pleno desarrollo socio-económico.
Las alcaldías municipales, entes gubernamentales, gobierno nacional, organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación y el sector privado son los actores principales que pueden contribuir a la implementación de una pronta solución ya que dentro de las necesidades que priman en la existencia del ser humano se encuentra el derecho a una vivienda digna.